La bancada de ediles del Partido Nacional y del Partido Colorado (oposición en Lavalleja) presentó dos recursos administrativos para frenar la instalación de una placa de "Señalización de la Memoria" por entender que la iniciativa requería una mayoría especial de dos tercios de los votos (21 ediles) y no la mayoría absoluta (16 votos) con la que el oficialismo del Frente Amplio la aprobó. 

Claves del conflicto político y jurídico

Los ediles nacionalistas y colorados sostienen que la obra (que incluye una placa y su base de hormigón en el cantero central de la Avenida Gral. Artigas) califica jurídicamente como un "monumento". Según la normativa vigente, la erección de monumentos en el espacio público exige de forma preceptiva el voto afirmativo de dos tercios de los integrantes de la Junta Departamental de Lavalleja.

Desde el Frente Amplio y la presidencia del Legislativo comunal defienden que el proyecto se encuadra como un asunto de nomenclátor urbano, el cual requiere únicamente mayoría absoluta (16 votos de los 31 ediles), cantidad que fue alcanzada durante la votación.

Los ediles de la oposición formalizaron recursos administrativos dirigidos tanto al intendente departamental, Daniel Ximénez, como al presidente de la Junta, Mauro Álvarez, con el fin de revocar las actuaciones y congelar el avance del proyecto.

La placa e hito recordatorio corresponden a una resolución de la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria. Está previsto instalarse frente al Batallón de Infantería N° 11 de Minas, un recinto identificado históricamente por violaciones a los derechos humanos y torturas cometidas durante la última dictadura cívico-militar.